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El juicio entre Coinbase y la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) de Estados Unidos es más importante que nunca. Esto debido a su repercusión en la industria de las criptomonedas y el futuro de la regulación de este mercado.
El litigio es clave porque la resolución de este caso puede sentar precedentes y establecer pautas para futuras disputas relacionados con la regulación de las criptomonedas. El caso se encuentra en la etapa de alegatos presentados en una audiencia judicial realizada la semana pasada.
La SEC acusa de violar la ley de valores.
Por un lado, la SEC argumenta que tiene autoridad para demandar a Coinbase y otras empresas porque estas no registraron activos considerados títulos valor (securities) antes de venderlos.
En sí, el exchange de criptomonedas fue demandado por la teoría que maneja la SEC, de que permite el comercio de activos digitales que califican como contratos de inversión. Aunque si Coinbase demuestra que no hubo tales contratos, entonces eso podría tener implicaciones significativas para todo el ecosistema de las criptomonedas.
La SEC dice que el exchange comerció al menos unos 13 activos digitales que califica como valores, según la prueba de Howie. Este es un parámetro que deriva del nombre de un caso judicial que se debatió en Estados Unidos en 1946.
Esta prueba identifica cuatro características fundamentales para definir un título valor. Entre ellas, que el activo se ofrezca a cambio de dinero, que haya expectativas de ganancias, que la inversión se centre en una empresa común y que las ganancias dependan de los esfuerzos de un promotor o un tercero.
El parámetro parte del principio de que cualquiera que esté comerciando valores está actuando como una bolsa de valores nacional o un corredor de bolsa, deberían estar regislrados ante la SEC. También las agencias de compensación: Cualquier corredor, comerciante, agencia de ahorro y préstamo, o asociación de viviendas, o banco cooperativo, asociación o banco cooperativo, entre otros.
Como Coinbase no se registró, entonces la instittución le acusa de violar las leyes federales de valores. Por ello, debería pagar multas y hasta cerrar su negocio, si la SEC gana el juicio.
Coinbase busca que se desestime el caso
Por su parte, el equipo legal de Coinbase, encabezado por William Savitt, se están moviendo para que la jueza Katherine Polk desestime el caso. Dicen que, incluso si se aceptan las acusaciones de la SEC como verdaderas, estas serían insuficientes según la ley para presentar un reclamo viable de compensación. Y por lo tanto, este caso tendría que dejarse sin efecto.
Coinbase dice que no hay contratos de inversión porque cuando alguien compra un token en el mercado secundario, a diferencia de la compra inicial, esa persona no obtiene ninguna propiedad accionaria, ningún derecho sobre el capital de la empresa que lo emite.
Agregan que un activo digital es solo software, es código que se puede comerciar y su valor puede subir y bajar. Al igual que las tarjetas de béisbol y muchas otras cosas que la SEC no considera como títulos valores regulados.
“Lo que sucede es que el emisor de un token los vende a un comprador inicial, este comprador luego intercambia ese token con otras personas y más tarde las personas intercambian ese token en una plataforma comercial. Lo que quiere decir que Coinbase no tiene relación con el emisor y ciertamente no tiene relación con un contrato de inversión”-
Sam Enzer, abogado defensor especialista en criptomonedas.
En ese sentido, el argumento de Coinbase es bastante simple y solo busca respuestas a las siguientes preguntas: ¿dónde está el contrato? Y si hay un contrato ¿cómo se llama? Luego los abogados del exchange dicen que basándose en que nada de lo que se negoció en Coinbase es un valor, la plataforma queda fuera de la Autoridad de aplicación de la SEC.
Aparte, Coinbase se apoya en la llamada «doctrina de las preguntas principales» (major questions doctrine). Esta afirma que el Congreso no puede delegarle autoridad a las agencias administrativas para que respondan «preguntas de gran importancia política o económica» que involucren acciones regulatorias amplias.
Con este argumento, Coinbase quiere decirle a la SEC que no acuda a los tribunales para legislar, sino que le deje esta tarea al Congreso porque para ello fueron elegidos los parlamentarios.
Un caso para definir el futuro de la regulación de las criptomonedas
Por todos estos aspectos descritos, el juicio entre Coinbase y la SEC pone de manifiesto la necesidad de que Estados Unidos alcance una mayor claridad regulatoria en relación con las criptomonedas.
Hasta ahora, ha existido cierta incertidumbre en torno a cómo deben ser regulados y supervisados los exchanges de criptoactivos y otras empresas de la industria. Por esto, se cree que este juicio podría ser un catalizador para que los reguladores trabajen en la creación de un marco regulatorio más claro y sólido para el sector, lo que podría beneficiar a todos los involucrados.
Si Coinbase logra que se desestime el caso, es probable que las reglas se mantengan en gran medida como están. Sin embargo, si la SEC logra establecer que Coinbase ha operado de manera ilegal, o sin cumplir con ciertos requisitos regulatorios, es posible que se impongan reglas más estrictas a los exchanges de criptomonedas. Todo esto podría cambiar significativamente el panorama de la industria, al menos en Estados Unidos.
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