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Crypto Alerts Noticias Criptomonedas Gobierno británico lanza consulta sobre fricción entre fiscalidad y DeFi


El Gobierno británico ha abierto una consulta sobre la fiscalidad de las finanzas descentralizadas (DeFi). Sí, lo que puede ser normal en otros sitios, en otras formas de gobernanza, aquí es noticia. Una noticia tras la que se encuentra, por un lado, una cultura de la relación entre gobernantes y gobernados. Por otro lado, una manera de entender el papel del Estado en la economía, la innovación y, por lo tanto, el futuro.

A través de esta consulta, el gobierno busca razones para establecer la fiscalidad de los préstamos y productos financieros basados en bienes cripto. Ello, tras recibir algunos mensajes del problema que podría acarrear, para el desarrollo de la industria financiera en general y de las Defi en particular, una excesiva carga fiscal de estos productos. Para ello, se requieren dos actitudes previas. En primer lugar, pone en marcha la sensibilidad suficiente para recoger tales mensajes. En segundo lugar, tener como elemento relevante del horizonte estratégico de la industria financiera las propias finanzas descentralizadas.

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Gobierno británico y fiscalidad DeFi

El Gobierno británico no se plantea si las criptomonedas son buenas o malas, armas de resistencia al poder centralizado o si constituyen un nuevo sistema monetario, como niega Martin Wolf en el precisamente británico Financial Times. No. Tiene claro que la industria principal del país es la financiera y que su papel en el mundo tiene que ver mucho con el poder que le da esa industria financiera. Por lo tanto, hay decisiones que han de meditarse y, eso, consultar. Es más, desde Londres y como aparece en el documento de la consulta, son conscientes que las operaciones de las DeFi implican tanto a residentes en el Reino Unido, los implicados en la fiscalidad, como no residentes en el país. Es decir, no se trata solo de la fiscalidad.

Aquí, cuando Podemos – ahora parte del Gobierno español estaba en el Ayuntamiento de Madrid se ufanaba de su perfil participativo. La lluvia de papeles en los buzones, con su correspondiente gasto, llamando a la “participación ciudadana”, como excelso ejercicio democrático, era incesante. Luego, la proporción de ciudadanos que participaba era ridícula. Pero era su retórica. Ahora, cuando se trata del ecosistema cripto, la vena supuestamente protectora del conjunto del Gobierno se impone a la que reconoce la capacidad de los ciudadanos para saber lo que quieren.

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No consultan casi nada. Bueno, perdón, la Agencia Tributaria, en manos de la otra parte del Gobierno, consulta los formularios para recabar información sobre las criptomonedas que se tienen. Por cierto, se recomienda la comparación entre los dos tipos de consulta. En principio, no son lo mismo. Una se centra en una política en general. La otra, la de aquí, en aspectos técnicos de un documento, inserto en una política muy preocupada por el control y que da pocos visos de apoyar la innovación. Los británicos se preocupan por la fricción que la fiscalidad puede generar en la innovación. Aquí solo aparece la preocupación por la “fricción” en las propias cuentas públicas.

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Una consulta sobre una política que, sin embargo, marca los principios por los que se guiará, que son las del sistema fiscal en su conjunto: a) neutralidad fiscal entre actividades económicamente equivalentes; b) deber del sistema fiscal de reflejar la sustancia económica de la actividad en cuestión; c) eficiencia del sistema que es percibido como justo y predecible; d) minimizar la carga administrativa requerida para cumplir con las obligaciones fiscales. Por cierto, este último principio quedaba en la consulta española sobre el formulario 721 como algo que “se ha procurado”. Al menos, se consulta si, sobre el papel, se ha conseguido tal objetivo.

Mejor proteger que crear grandes plataformas

Tal vez no sea solo problema español sino que atraviesa al conjunto de la Unión Europea. Una UE a la que cuesta relativamente poco regular por la vía directa. Así, la Eurocámara acaba de aprobar la denominada «Constitución Digital Europea». Algo que, en sí mismo, está muy bien y que tiene, entre otros objetivos, poner freno a ciertos desmanes de las grandes operadoras y plataformas norteamericanas. Pero también es un síntoma. El de que aquí, en la UE, nos cuesta menos regular, siempre bajo la cenital justificación moral de la protección, que crear grandes plataformas.

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En el caso de los británicos, se trata de una consulta en la que la institución promotora, HM Revenue and Customs, se compromete a publicar el resultado de la encuesta llevada a cabo, con encuentros con distintos actores del sistema financiero. Asimismo, se compromete a publicar los siguientes pasos a partir de tal resultado. De momento, se podrán emitir opiniones -hay una guía de cuestionario inserta en el documento- hasta el próximo 31 de agosto.

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